Es un miércoles 28 de octubre tranquilo y nublado afuera de la cárcel del Condado de Monterey en Salinas. Ocho observadores legales se dividen en dos grupos al frente y atrás de las instalaciones, monitoreando la zona a la espera de ver si los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) regresan.
Víctor Carávez, residente de Salinas y voluntario de la Red de Respuesta Rápida del Condado de Monterey, comenta que los observadores legales han estado vigilando los alrededores de la cárcel desde temprano en la mañana y hasta tarde por la noche, y continuarán haciéndolo mañana, 29 de octubre.
“Es probable que tengamos otro día de vigilancia para asegurarnos de que todo esté despejado”, añade Carávez.
Durante el miércoles, los voluntarios han observado algunos vehículos sin placas y un mayor patrullaje por parte de las corporaciones policiales locales. Varios voluntarios caminan hacia una camioneta tipo SUV blanca estacionada fuera del área exclusiva para las fuerzas del orden, cerca del portón de seguridad (sallyport), el punto donde se procesa y libera a los detenidos. El comandante de la Oficina del Sheriff del Condado de Monterey, Andrés Rosas, se identificó de inmediato: “Soy de la Oficina del Sheriff”.
Durante los últimos dos días (26 y 27 de octubre), agentes de ICE han estado patrullando los alrededores de la cárcel del Condado de Monterey. El 27 de octubre fueron confrontados por alrededor de 50 personas, entre manifestantes, abogados y funcionarios públicos. La cárcel se puso bajo cierre de emergencia (lockdown) en ese lapso, de 5:00 a 8:00 p.m. Ante la presencia de los manifestantes y sin liberaciones de internos en curso, los agentes de ICE se retiraron aproximadamente a las 6:30 p.m.
La cárcel del Condado de Monterey reanudó sus operaciones habituales ese mismo día a las 8:00 p.m., a menos de dos horas de que ICE se marchara.
La Oficina del Sheriff indicó que el cierre preventivo se implementó para mantener un “ambiente seguro” en torno a las instalaciones.
“Estas medidas se tomaron para proteger tanto a las personas dentro como fuera del edificio”, señaló Rosas. Añadió que, la noche anterior, varios manifestantes se encontraban dentro de una zona restringida únicamente para autoridades policiales. El área cercana al acceso seguro cuenta con letreros grandes que advierten que su uso es exclusivo para las fuerzas del orden (los vehículos de ICE estaban estacionados dentro de ese perímetro el martes por la noche).
“Los agentes de ICE estaban usando propiedad del condado”, afirmó Carávez. En septiembre, la Junta de Supervisores del Condado aprobó una normativa que prohíbe el uso de propiedades del condado para actividades civiles de control migratorio.
Rosas indicó que ICE no avisó a las autoridades de la cárcel que llevaría a cabo operativos migratorios en el área.
Asimismo, Rosas puntualizó que las liberaciones de detenidos no se vieron afectadas por el cierre de emergencia y que los reclusos tuvieron acceso a asesoría legal. “Toda persona cuya salida estaba programada para la tarde o noche del 27 fue liberada a tiempo”, agregó Rosas.
El jefe de policía de Greenfield, Guillermo Mixer, señaló que el cierre temporal no afectó las operaciones regulares, destacando que la medida solo estuvo vigente por unas cuantas horas.