Los dueños de un vivero en Royal Oaks acusados de albergar a trabajadores en viviendas improvisadas y de evasión de impuestos acordaron los términos de un acuerdo el 3 de agosto, poniendo fin a un litigio judicial de tres años.
El matrimonio formado por Nicolás y Ana Ruvalcaba, propietarios de Ruvalcaba Nursery en San Miguel Canyon Road, aceptó pagar $450,000 a sus antiguos inquilinos y cumplir una pena de arresto domiciliario.
En mayo de 2023, según los informes, las autoridades descubrieron que el vivero albergaba a 270 personas en condiciones deplorables.
Casi 30 inquilinos demandaron a los Ruvalcaba, alegando condiciones de vivienda peligrosas. La Fiscalía del Condado de Monterey intervino en marzo de 2024 al presentar cargos penales y civiles contra los Ruvalcaba, con cargos graves por evasión de impuestos, así como faltas menores por no contar con seguro de indemnización al trabajador (workers' comp) y cargos relacionados con las condiciones de vivienda en la propiedad.
Los casos civiles y penales se estancaron en 2025 y a principios de este año cuando los abogados de Nicolás Ruvalcaba argumentaron que no estaba capacitado para enfrentar un juicio, ya que enfrenta un diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. El 30 de julio, William Pernik, el abogado que representa a Nicolás Ruvalcaba, retiró la petición de desvío por salud mental tras múltiples advertencias del juez del Tribunal Superior del Condado de Monterey, Mark Hood, sobre mayores retrasos.
Anteriormente, los Ruvalcaba se habían declarado no culpables de los cargos, y Nicolás escribió en los documentos judiciales: “No hemos realizado ningún acto que cause daño”.
El juicio estaba programado para comenzar el 3 de agosto hasta que la pareja aceptó el acuerdo. También se declararon no opuestos (no contest) a los cargos de evasión de impuestos y de no contar con seguro de indemnización al trabajador, entre otros cargos.
La abogada Leigh Rodríguez, quien representa a los Ruvalcaba en el caso civil presentado por los inquilinos, se negó a hacer comentarios. Pernik, representante de Nicolás Ruvalcaba en el caso penal, no respondió a la solicitud de comentarios al cierre de esta edición. La orden del 3 de agosto del juez Ian A. Rivamonte establece que ambas partes acordaron un “arreglo y acuerdo de transacción... con el propósito de promover el interés público”.
Según el acuerdo, los dueños del vivero deben pagar $45,000 a cada una de las 10 parejas incluidas en la demanda, además de más de $300,000 en multas a la Junta de Impuestos de Franquicias de California (California Franchise Tax Board), a las agencias del Condado de Monterey y al tribunal.
La orden también establece que si no se paga el 95 por ciento de la multa civil de $127,678 al tribunal antes del 28 de octubre, el tribunal nombrará a un receptor judicial para vender la propiedad de los Ruvalcaba con el fin de pagar la multa.
A los Ruvalcaba también se les prohíbe construir cualquier estructura sin permiso y permitir que las personas vivan en edificios que no hayan sido aprobados por el Condado de Monterey, tal como lo establece la ley.
La sentencia está programada para el 29 de septiembre en el Tribunal Superior del Condado de Monterey. Según los documentos judiciales, la fiscalía recomendará un período de libertad condicional de cuatro años y 240 días de arresto domiciliario para Nicolás Ruvalcaba, y 40 días de arresto domiciliario para Ana Ruvalcaba.