OPINIÓN
Un hecho que debería ser impactante en el siglo XXI en los Estados Unidos de América: no es seguro beber el agua del grifo en la comunidad de San Lucas, en el sur del condado de Monterey, y no lo ha sido desde al menos 2011.
Fue entonces cuando los funcionarios de salud pública emitieron por primera vez una orden de “No Beber” debido a un nivel no seguro de nitratos en el agua.
“Exigimos el uso de agua embotellada o agua de una fuente aprobada para beber o cocinar”, decía un aviso del 7 de julio de 2011 del Departamento de Salud. “Se están realizando investigaciones para encontrar otra fuente de agua”.
Quince años después, parece que esa investigación, y los fondos necesarios para llevarla a cabo, finalmente están aquí.
El martes 7 de julio, la Junta de Supervisores del Condado de Monterey votó 5-0 para aceptar una subvención de construcción de $4 millones de la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos, lo que refleja fondos asignados por la Legislatura Estatal para servir a esta comunidad rural de aproximadamente 325 personas atendidas (teóricamente) por 100 conexiones de agua. Junto con los fondos federales, alcanza los casi $8 millones, aproximadamente una cuarta parte de lo necesario para construir finalmente una solución.
(Esta solución —la instalación de dos pozos, un nuevo sistema de tratamiento de agua y las mejoras de infraestructura necesarias, incluyendo mejoras en las tuberías— debería ser duradera. A pesar de un nuevo pozo perforado en 2014, esa solución duró poco y una segunda orden de “No Beber” emitida en 2016 ha permanecido vigente desde entonces debido al alto volumen de nitratos, manganeso e hierro en el agua).
Durante todo este tiempo, los residentes han dependido de entregas de agua embotellada para beber. Imagínese, una vez que el trabajo finalmente esté terminado, la capacidad de simplemente llenar un vaso de agua o una olla para hervir pasta en el fregadero, algo tan básico que la mayoría de nosotros olvidamos apreciar.
“En los últimos años, hemos alcanzado algunos logros increíbles”, dice el supervisor del condado Chris Lopez. “Este no es el final, pero significa que estamos en el camino correcto, y el gobierno estatal y federal están invirtiendo juntos en la solución”.
Durante años, la Junta de Supervisores lo ha ubicado entre sus principales prioridades en lo que respecta a la defensa a nivel estatal y federal. Finalmente, parece que la estrategia a largo plazo está dando frutos.
Un plazo hacia el éxito mucho más rápido también recibió apoyo unánime el 7 de julio, cuando la junta votó 5-0 para aprobar una ordenanza que exige que los perros (mayores de 6 meses) y gatos (5 meses) de compañía estén esterilizados o castrados, basada en una ordenanza similar adoptada en 2024 en la ciudad de Seaside.
El supervisor Luis Alejo dijo que dos estudiantes de preparatoria de su programa de jóvenes supervisores plantearon el tema por primera vez en agosto pasado. Aquí estamos, menos de un año después, y esos jóvenes estuvieron allí para testificar ante la junta instando a la adopción final de una ordenanza que ellos mismos ayudaron a idear.
“Es la primera vez en la historia reciente del condado que estudiantes de preparatoria proponen con éxito un cambio de política en el condado”, dijo Alejo. “Lo que me impresionó es que no solo identificaron un problema, sino que se convirtieron en parte de la solución”.
Esa solución está pensada para ayudar a minimizar la cifra de más de 1,000 animales que son sacrificados cada año en los Servicios para Animales de Hitchcock Road en Salinas.
Entre los jóvenes líderes que impulsaron esto se encuentra Eli David, cofundador del Club Paws en Carmel High School, quien habló el 7 de julio. “Si bien abordar nuestro problema de sobrepoblación de animales puede ser complicado, el problema en sí es simple: nuestro estado actual no funciona, nuestro estado actual está causando un sufrimiento innecesario a los animales en todo el condado”, dijo.
“Nos unimos y dijimos que ya era suficiente, e hicimos un cambio para bien al adoptar esta ordenanza. Nos han demostrado a los jóvenes líderes del mañana que podemos hacer cambios hoy”.
Por supuesto, esta ordenanza por sí sola no resolverá el problema de sobrepoblación animal: el acceso a clínicas de esterilización y castración de bajo costo es una necesidad, y el cumplimiento de la ley será otro obstáculo. Pero en un mundo donde las ideas chocan con obstáculos (el costo es solo uno de muchos) o las soluciones imperfectas se desmoronan simplemente por su imperfección —o porque un proyecto tan esencial como llevar agua potable segura a una comunidad toma más de 15 años— es demasiado fácil volverse cínico. Algunos días, al gobierno local le toca decir sí a las soluciones.
SARA RUBIN es la editora del Weekly. Contáctela en [email protected]. Las redactoras Celia Jiménez y Katie Rodriguez contribuyeron a este informe.